Expertos granadinos piden restringir el móvil a menores de 14 años para frenar el acceso a la pornografía

El Parlamento de Andalucía formó hace varias semanas un grupo de trabajo para garantizar la protección de menores ante el acceso a la pornografía en internet. Entre los 21 miembros del grupo hay dos granadinas, Olga Manzano (PSOE) y Alejandra Durán (Por Andalucía). «A través del porno, las chicas aprenden a adoptar el papel de la víctima. Hay testimonios espeluznantes de violencia», indica Manzano. «Los datos que tenemos dicen que la edad media de acceso al porno es los 11 años. Pero cada vez se adelanta más, ya hay casos de 8 años», subraya Durán.

Algunos datos más a tener en cuenta. Según un encuesta de Save the Children, el 62,5% de los jóvenes entre los 13 y los 17 años ve porno. El 53% accedió por primera vez antes de los 13 años. Pese a que no hay estudios concluyentes, los expertos vinculan el consumo de pornografía con las agresiones sexuales. El 52,1% de los que ven pornografía con frecuencia reconoce que influye mucho o bastante en sus relaciones sexuales. Por otro lado, la edad de inicio en las relaciones sexuales ha bajado a los 16 años. Este descenso va acompañado de algunas pautas afectadas por el porno:el 20,2% de los adolescentes que ve pornografía ha compartido imágenes íntimas con otras personas;el 46,1% no utiliza siempre métodos de protección; y el 47,4% ha imitado lo que ve en el sexo virtual.

El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó un informe que contempla, entre otras medidas, un mecanismo de verificación de edad. El primero de una serie de pasos que, apuntan, debe llegar a lo más hondo del sistema educativo, uniendo los esfuerzos de todos los gobiernos.

Manzano y Durán, los rostros de referencia de Granada en esta batalla tan compleja y tan relevante, coinciden en la «urgencia» de adoptar medidas que perduren. Esta semana, el grupo de trabajo del Parlamento andaluz tendrá tres sesiones intensivas en las que escucharán las voces de medio centenar de expertos. Entre ellos, hay prescriptores granadinos como Carmen Ruiz Repullo, profesora de Sociología de la UGR; Francisco Hernández Guerrero, fiscal delegado de Criminalidad Informática; Juana María Gil Ruiz, catedrática de Filosofía del Derecho; y Emilio Calatayud, juez de menores. Estas son las ideas y reflexiones que llevarán a la mesa.

Carmen Ruiz Repullo es profesora de Sociología de la UGR y lidera un estudio sobre violencia y pornografía que se publicará en breve.

–¿Estamos en una situación preocupante?

–Hay mucha preocupación. No es que los menores accedan a contenido que se identifica como sexual, es que es contenido mayoritariamente violento. Estamos acabando una investigación sobre la relación entre el porno y la violencia, pero no solo en parejas hetero, también entre chicos homosexuales. Y las conclusiones muestran cómo se está construyendo una sexualidad desde el modelo de masculinidad hegemónico y violento.

–¿El porno es clave en esa violencia?

–Sí, pero cuidado. El porno es un elemento más. Si decimos que la violencia sexual en menores ocurre exclusivamente por el porno, es no analizar el problema en toda la amplitud y rigurosidad que requiere...

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Es el fiscal delegado en Granada de Criminalidad Informática. Y es, desde hace décadas, una referencia en España. Francisco Hernández reclama una educación digital.

–¿Cuál es su primera propuesta al Parlamento?

–Los que trabajamos con menores y materias informáticas tenemos una intuición:la posible correlación entre delitos sexuales y el consumo de porno en menores. Lo primero que haría es realizar un estudio riguroso para analizar los perfiles de los jóvenes sentenciados por delitos de naturaleza sexual, a ver si siguen esa correlación.

–¿A qué edad recomienda el primer móvil?

–En Primaria no se lo daba. Una cosa es en clase, con los profesores, y otra que anden libremente con sus móviles. En la ESO empezaría a valorarlo con ciertas medidas. Y en Bachiller ya hay que tratarlos como adultos.

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Emilio Calatayud lleva 43 años como juez de menores. Y ya suma varias décadas hablando de los peligros del acceso de los menores a ciertas tecnologías.

–¿Su punto de partida?

–Uno, el móvil es una droga. Dos, el móvil es un instrumento peligroso para cometer delitos. Tres, el móvil es un instrumento peligroso para ser víctima de delitos. Siempre he defendido que el menor no debe tener móvil hasta los 14 años, por lo menos. Y si quieren uno, que sea un llama-cuelga de toda la vida.

–Es la puerta de entrada a la pornografía.

–No es solo la pornografía. He quitado móviles a niñas con plena adicción al móvil, las hemos tenido que internar para dar tratamiento terapéutico. ¿Cómo se manifiesta? Maltrato a los padres.

–¿Demasiada tecnología?

–Hay chavales de 15 años muy normales que me han reconocido que pasan 18 horas enganchados entre el colegio, los deberes, los juegos, las redes sociales, los vídeos... ¿Quién tiene la culpa? Primero, los padres. Segundo, los políticos. Tercero, las empresas.

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El Derecho tiene mucho que aportar a la reflexión sobre el acceso de los menores a la pornografía y el uso en general de los dispositivos electrónicos. Juana María Gil Ruiz es catedrática de Filosofía del Derecho.

–¿Cuál es el objetivo de la mesa de trabajo?

–No puedo saber a qué conclusiones llegará, pero le puedo asegurar que Andalucía y el resto de España están especialmente preocupadas por el problema. Nuestros menores tienen un acceso abierto a esa pornografía que genera un daño atroz y que, sin duda alguna, genera un contexto terrible de violencia de género a través de las redes digitales.

–¿Qué datos manejan?

–Hay datos que subrayan la gravedad del asunto y confirman lo que intuíamos. La mitad de la juventud consume pornografía digital entre los 12 y los 15 años. El dato más terrible es que el 25% es menor de 12 años. Siete de cada 10 adolescentes de entre 13 y 17 años consume porno de forma regular, y un 30% reconoce que es la única fuente que tiene de educación afectivo-sexual. Y eso va a conformar que esas prácticas sexuales se entiendan como lo habitual, prácticas que esconden formas de violencia de género que luego ejecutan en la realidad.

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