El Gobierno evita publicar las puntuaciones de las candidatas a la agencia de inteligencia artificial

El resultado fue la selección de La Coruña como sede de la entidad que supervisará el buen uso de los algoritmos. La resolución, apenas argumentada el pasado lunes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y en un escueto comunicado posterior, despertó dudas entre los promotores de la candidatura granadina. No cuestionan los méritos de la localidad gallega, pero exigen conocer las puntuaciones que el Gobierno, en un proceso que defiende como «objetivo y transparente», otorgó a cada proyecto. La información que permitiría, en definitiva, disipar las sospechas de que en Madrid se ha tomado una decisión política y no basada en las mediciones de cada criterio.

En una rueda de prensa en la tarde del lunes, los principales representantes institucionales y sociales de Granada -salvo la Subdelegación del Gobierno- pidieron los datos que justifican la elección. Y advirtieron: si el ejecutivo no los hace públicos o detectan «anomalías», impugnarán el proceso. La resolución publicada el martes en el BOE no despejó las dudas. Granada obtuvo más calificaciones de 'excelente', según el documento, que no recogió las puntuaciones concretas en cada punto de examen.

Ayer, IDEAL trató de conseguir la tabla con las puntuaciones a través de los canales oficiales de comunicación del Gobierno. El primer trámite, a las 10.32 del miércoles, fue un correo dirigido a la Secretaría de Estado de Comunicación, la oficina que gestiona las relaciones entre Moncloa y los medios. Contenía seis peticiones: las puntuaciones, el acta de la reunión, si está previsto publicar estos datos, si Granada fue la mejor valorada, cómo ha penalizado a La Coruña la ausencia de un informe y por qué se admitieron a trámite candidaturas fuera de plazo. El mensaje no obtuvo respuesta.

La misma petición llegó al buzón de prensa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital, dirigido por Nadia Calviño. Es el departamento al que estará adscrita la agencia, y cuya intervención jugó un papel fundamental en la determinación de la sede -esto se sabría, oficialmente, más adelante-. La contestación apenas se demoró cuatro minutos: desde Economía remitieron al Ministerio de Política Territorial como responsable del proceso selectivo.

A la espera de novedades desde Política Territorial, IDEAL contactó con la Subdelegación del Gobierno en Granada, pidiendo las tablas con las puntuaciones, el acta de la reunión, la opinión de la subdelegada, Inmaculada López Calahorro, acerca de la elección, y si coincide con el resto de instituciones en la idea de impugnar la decisión si no se dan todos los datos o hay anomalías.

Desde la oficina de la Subdelegación remitieron al Ministerio de Política Territorial: el informe no está en Granada. Por otro lado, trasladaron que «la subdelegada no puede entrar a valorar una decisión adoptada por una comisión de la que no forma parte». Sobre la tercera cuestión, en la sede del Gobierno en Granada defienden que «el procedimiento se ha realizado siguiendo lo establecido por el decreto de marzo para la descentralización de sedes del Gobierno». Más adelante añadieron que la resolución reconoce que Granada ha sido «una excelente candidata junto a La Coruña y Alicante», e insistieron en que la subdelegada no forma parte del comité consultivo ni del Ministerio de Economía: «No puedo decir más que la candidatura de Granada ha sido una candidatura excelente», concluyó López Calahorro.

La contestación más extensa llegó por parte del gabinete de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. Remitió a las 14.06 un documento con respuestas a cada una de las cuestiones planteadas. Sin embargo, no contenía la tabla de puntuaciones para cada candidata que exigen desde el lunes el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía, la Universidad, los empresarios, los sindicatos y representantes de distintos colectivos sociales de Granada.

El Ministerio de Política Territorial defiende que el proceso es «objetivo y transparente». Como muestra, destacan que al día siguiente del acuerdo del Consejo de Ministros se publicaron en el BOE los dictámenes de la comisión, con los informes de cada ministerio. «La valoración final se basa en cómo ha respondido cada candidatura a los diferentes criterios, como se expresa con claridad en los informes». Pero no hay números. No queda claro cómo ha valorado la comisión -que se reunió el mismo lunes- cada uno de los criterios. Sobre el acta de la reunión, que se celebró el mismo lunes -se entiende que antes del Consejo de Ministros, que concluyó a mediodía-, el Ministerio responde que «no ha sido aprobada aún por los miembros de la comisión» y no habrá inconveniente en hacerla pública cuando reciba el visto bueno. Por otro lado, argumentan que no se publicó la comparativa en el BOE «por no desmerecer ninguna candidatura, no incluir en el BOE los elementos más débiles de las mismas».

Hay dos novedades relevantes. La primera es que queda claro el papel destacado que jugó en la elección el representante del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. «Expresó que el criterio de su Ministerio era que la mejor candidatura era la de La Coruña. El criterio del ministerio de adscripción, favorable a A Coruña, fue desde luego definitivo para la decisión final. Es importante recalcar que la decisión de la comisión consultiva se tomó por unanimidad».

En segundo lugar, el Ministerio señala dos de los «factores» que han jugado en contra de Granada. «Granada presenta problemas notables de conectividad aérea. La agencia necesita conexiones directas con numerosos destinos internacionales. La candidatura incluye el aeropuerto de Málaga, con sus numerosas conexiones, para salvar esta deficiencia. Pero este aeropuerto está a más de hora y media de distancia». Además, argumenta que «las ayudas que ofrece Granada para el personal desplazado son claramente inferiores a las de otras candidaturas, y en particular La Coruña».

Esta fue la primera respuesta por parte del Gobierno. Por ahora, Granada sigue sin conocer al detalle las notas del examen. Desde la Universidad insisten: en cualquier proceso administrativo público y objetivo, una justificación como esta sería automáticamente impugnada.