La primera pieza del caso Nazarí acaba con una negación de todo y una petición de pena menor

Esta sería la sinopsis de la intensa jornada que se vivió este jueves en el complejo judicial de la Caleta con motivo del primer juicio del caso Nazarí. En el banquillo de los acusados de la sala Antonio Angulo, situada en la parte central de la Caleta, se sentaron el exalcalde de la ciudad José Torres Hurtado, la exedil de Urbanismo Isabel Nieto y el ex director general de Licencias del Ayuntamiento de Granada Emilio Martín Herrera.

Los dos primeros lograron esquivar a la nube de periodistas que les aguardaban a primera hora de la mañana entrando por otra puerta al edificio, pero no evitaron que su imagen fuera captada al salir de los juzgados minutos después de las 15.00 horas.

En esta pieza de la Nazarí, el magistrado habrá de determinar si el exregidor y sus compañeros de banquillo prevaricaron tanto en los trámites para obtener la licencia de primera ocupación del edificio del número 8 de la calle Obispo Hurtado, como a la hora de legalizar la altura de los techos y algunos aspectos exteriores de la fachada. En ese bloque tienen pisos Nieto y el ex primer edil, así como familiares.

Los interrogatorios fueron cortos y los precedió, aparte de la ronda de cuestiones previas, una suerte de repaso del juez al escrito de acusación con preguntas comunes dirigidas a los tres acusados. Los tres negaron categóricamente haber cometido ilicitud alguna.

Torres Hurtado y Nieto dejaron claro que no intervinieron en los dos expedientes administrativos en los que Ramón Arenas sitúa las presunta irregularidades. También rechazaron haber presionado o tratado de influir en los técnicos y funcionarios del área de Urbanismo para que se emitieran, con una celeridad inusual, informes que les permitiesen obtener la licencia para ocupar el inmueble ante la posibilidad de no ganar las elecciones en mayo de 2015.

«En ningún momento he influido en mis compañeros», recalcó por su parte el ex primer edil, a la vez que ha dejó claro que no firmó ni decidió «nada» en ninguno de los expedientes relativos a su bloque. Este, especificó, fue levantado por su hermano Antonio en unos terrenos que pertenecían a una comunidad religiosa (la Congregación Siervas del Evangelio). En el edificio, según explicó, se compró una vivienda el 31 de diciembre de 2012, pero él no firmó «ninguna licencia», garantizó, al tiempo que subrayó que «siempre» tuvo, durante sus años en el sillón de la Alcaldía de la Plaza del Carmen, sus competencias en Urbanismo delegadas.

En esa misma fecha, según detalló Isabel Nieto, adquirió ella su piso. La exconcejala fue rotunda a la hora de negar participación alguna en los expedientes que le afectaban como promotora y propietaria de su vivienda. Aseguró que no trató de influir en ninguno de los funcionarios para legalizar las infracciones apreciadas en la construcción y sostuvo que no firmó ninguna de las resoluciones tildadas de prevaricadoras.

Por su parte, Emilio Martín Herrera dejó claro que solo informó para «iniciar el expediente sancionador» porque las alturas de los techos y los elementos volados de este inmueble no respetaban lo establecido en el PGOU. Al mismo tiempo negó haber recibido sugerencia alguna de Torres Hurtado para actuar de un modo u otro. Rechazó además de plano que hubiera habido «ninguna» connivencia entre el alcalde y los funcionarios de su área para esta operación urbanística. Él, aclaró, se limitó a firmar «como director» de su departamento las notificaciones oportunas, pero nada en esta operación urbanística que tuviera carácter intelectual o decisorio.

En cuanto a la rebaja introducida por el abogado de Ramón Arenas, Jorge Fernández, se debió a la eliminación del delito de prevaricación urbanística que inicialmente les atribuía y por el que pedía tres años de prisión y diez de inhabilitación.

Al retirar este cargo, se quedaría solo el de prevaricación común, por el que pedía 12 años de inhabilitación en su escrito provisional, y el de tráfico de influencias, por el que reclamaba un año y medio de cárcel y 8 de inhabilitación. Así las cosas, la pena finalmente solicitada sería de un año y medio de prisión y 20 de inhabilitación.

La acusación popular planteó, no obstante, una alternativa al delito de tráfico de influencias, para que, en caso de no ser considerado acreditado, se castigue por un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionario público. Por este ilícito solicitó un año de prisión, tres de inhabilitación y multa de 3.600 euros. Lo planteó, según aclaró el abogado, por considerar que tanto el exregidor como Nieto actuaron «utilizando al hermano» del primero para aprovecharse de «ventajas económicas y patrimoniales» en aquella promoción y, supuestamente, ocultando que desde diciembre de 2011 ya eran miembros de la comunidad.

El letrado puso el acento en que «no se pueden realizar cambios de competencias cuando se está en funciones» en un Ayuntamiento. Y es que en su escrito sostenía que firmó la resolución de la licencia de primera ocupación otra concejala en lugar de Juan Antonio Mérida, que era el competente. En cualquier caso, admitió, tras escuchar a procesados, testigos y peritos, que no existió prevaricación urbanística.

Las defensas, ejercidas por los penalistas Pablo Luna y Ernesto Osuna, fueron especialmente duras en sus informes finales. Tildaron de «una auténtica vergüenza» que hubiese llegado a juicio un asunto como este. Recordaron que ya se había resuelto en la vía administrativa y que se saldó al final con una multa de 900 euros a la comunidad de propietarios.

Ambos juristas censuraron el ataque «al honor» de sus clientes que ha supuesto un caso que va adelgazando por momentos (ya se han archivado tres de las ocho causas y en esta solo ha acusado Arenas) y criticaron las vigilancias que hizo la UDEF para plasmar en su informe cómo entraban y salían sus clientes de un edificio donde viven, fotos incluidas. Esas pesquisas policiales, a juicio de Osuna, fueron más propias «de seguimientos a ETA o al narcotráfico» que a dos políticos locales. Este letrado pidió además la condena en costas de Arenas por «temeridad» y «mala fe» procesal, al haber continuado con el proceso pese a saber que no había delito alguno.

Ninguno de los tres acusados, que están inmersos en otros de los expedientes del caso Nazarí que siguen en instrucción en el juzgado de la magistrada María Ángeles Jiménez, hizo uso de su derecho a pronunciar la última palabra en el juicio. La vista contó con menos público del que se esperaba, pero sí acaparó la atención de numerosos periodistas.

A los informadores, a primera hora, antes de acceder a la sala, Ramón Arenas, con semblante serio, se limitó a recordar que pedía tanto penas de prisión como de inhabilitación. «Espero que se haga justicia, simplemente», espetó.