García Arrabal reconoce que fue sancionado por «anomalías» en el proyecto que fueron «corregidas»

Continúa el juicio por el caso Serrallo. La sesión de este jueves en el caso Serrallo ha comenzado con el promotor Roberto García Arrabal, el constructor que promovió la discoteca presuntamente ilegal, pidiendo un receso que ha provocado una suspensión momentánea de la vista, al asegurar que no ha podido consultar la documentación técnica porque se la entregó ayer el juzgado. De ser cierto, le causaría indefensión.

La fiscal ha recordado que, en la instrucción, García Arrabal ya dijo que la documentación la tenía la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional y que no podía defenderse, pero la fiscal ha insistido en que preguntó a la Udef y no tenían dicha documentación. Pese a todo, el promotor ha señalado que quería seguir declarando, pero su abogado ha pedido aún así el receso. Antes ha dicho que él «hacía lo que se podía hacer y, lo que no, no», y que no es experto en cuestiones técnicas, que para eso estaban sus técnicos.

Unos minutos después se ha reanudado la vista y García Arrabal ya está declarando ante el juez.

El juicio

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«El procedimiento judicial perjudicó al negocio. 40 trabajadores se fueron a la calle«, asegura García Arrabal. El constructor ha reconocido que fue sancionado con entre 14.000 y 16.000 euros por anomalías. Según argumenta, las pagó y corrigió las anomalías. Asegura que tuvo que pagar el marcador del Palacio de Deportes para que el proyecto del Serrallo saliera adelante.

García Arrabal ha reconocido que tenía una relación complicada con la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto. Pero ha insistido en que habló con todos los representantes de los partidos del Ayuntamiento, incluidos Paco Cuenca y Francisco Puentedura, de los que dice «tener guasaps». El promotor ha reconocido que el hijo de Manuel Lorente (exdirector general de Obras) trabajó para García Arrabal. También la hija de otro funcionario municipal trabajó en sus bodegas. Para defenderse, ha insistido en que «hay hijos de jueces que trabajan para despachos de abogados, y eso no quiere decir que haya connivencia».

El empresario granadino ha acusado al exconcejal Luis Gerardo García-Royo de decir falsedades sobre él. Dice que fue Jacobo de la Rosa (funcionario muncial que denunció el caso), el principal testigo de la acusación, quien le animó a que se metiera en lo del Serrallo.

Tras García Arrabal, ha sido el turno de varios de los concejales que no están acusados. Juan Antonio Fuentes, concejal de Personal entonces, ha explicado que no sabía nada de urbanismo y votó a favor porque «estaba todo avalado por técnicos». María Francés, concejala de Comercio y Ocupación de la Vía Pública, Telesfora (Movilidad), Juan Antonio Mérida (Medio Ambiente) y Juan García Montero (Cultura) han suscrito las palabras de su compañero en comparecencias efímeras.