Así cambiarán las prestaciones por jubilación anticipada tras la reforma de las pensiones

Si se opta por adelantar dos años la jubilación, sin esperar dos meses, la penalización asciende 5 puntos, en relación a la vigente. También crecerá si la anticipación se produce en los tres meses previos a alcanzar la edad legal de jubilación, con un margen de 1,52 puntos como máximo.

Tampoco varía la edad legal de jubilación, de 66 años en 2021 y en incremento hasta los 67 en 2027, aunque el objetivo que persigue esta reforma es que la edad media a la que se abandona el mercado laboral sea dos años superior en 2050 y pase de los 64 años y medio a los 66 y medio. La edad legal para la jubilación anticipada se mantiene en 2 años antes de la fijada y 4 en caso de que sea forzosa, que en 2021 equivale a los 64 años y los 62.

La entrada en vigor de la reforma supondrá que los coeficientes reductores se apliquen por meses, en lugar de por trimestres, como hasta la fecha, de forma que por cada mes que se retrase la jubilación se reconocerá una pensión más alta.

A los trabajadores con menos de 38 años y medio cotizados se les aplicará un coeficiente del 21 % para si anticipan la jubilación 24 meses, un 5% más que lo fijado en este momento. Si solo se adelantara un año, se aplicaría un coeficiente del 5,50 %, en lugar del 8% actual. Los trabajadores que hayan cotizado entre 38 años y medio y 41 y medio verán cómo el coeficiente se les incrementa hasta el 19% por adelantar 24 meses la jubilación, que queda en el 5,25% si se adelanta un año.

Para trabajadores que hayan cotizado entre 41 años y medio y 44 años y medio, el coeficiente se quedaría en el 17 % si se anticipa la jubilación 24 meses (actualmente es del 14 %), mientras que el correspondiente a un adelanto de un año se queda en el 5%. Por último, las personas que hayan cotizado más de 44 años y medio verán cómo se les aplica un coeficiente del 13% si se jubilan con 24 meses de anticipación y de un 4,75% si lo hacen 12 meses antes.

Estos cambios no afectarán a aquellos trabajadores que vean extinguida su relación laboral por cualquier causa antes del 1 de enero y no vuelvan a estar de alta en la Seguridad Social más de doce meses. Tampoco se aplicarán a quienes hayan concertado su marcha de la empresa antes de la entrada en vigor de la reforma.