Así es el plan de Granada ante los grandes terremotos

El Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo Sísmico se trata de una estrategia completa, recogida en un documento de dominio público de 263 páginas, presentada en diciembre de 2016 y que atañe a la capital. Persigue varios objetivos, según señala en su segundo apartado: «Atender las emergencias sísmicas que se produzcan en la localidad; posibilitar la coordinación y dirección de los servicios, medios y recursos intervinientes; optimizar los procedimientos de prevención, protección, intervención y rehabilitación; permitir la mejor integración de los planes especiales, específicos o sectoriales de emergencias que se desarrollan dentro del ámbito territorial y garantizar la conexión con los procedimientos y planificación del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de Andalucía».

El plan parte de una evaluación del riesgo de la ciudad con base en la peligrosidad sísmica, la vulnerabilidad, la exposición y los costes asociados a cada escenario. Ello incluye un análisis de los rasgos geográficos, geológicos, meteorológicos, hidrográficos y demográficos de la capital, así como la distribución de su infraestructura urbanística, su carácter y su disposición urbana. En este sentido, distingue siete grupos de edificaciones singulares, a tener en cuenta en el desarrollo del plan de actuación: «Grupo de asistencia médica (hospitales y centros sanitarios tanto públicos como privados), de respuesta de emergencia (parques de Bomberos, centros de coordinación y distintas fuerzas de seguridad), de alojamiento (pabellones, áreas seguras y otros), de población vulnerable (colegios, institutos y residencias), grupo de patrimonio histórico, grupo de líneas vitales y de sustancias peligrosas».

El apartado práctico de la estrategia consiste en la organización de un amplio equipo de actuación, conformado por un director y un subdirector del plan, una comisión asesora -estará compuesta por miembros de distintas áreas del Ayuntamiento de la ciudad, del delegado de Salud de la Junta en Granada y de representantes de Protección Civil, del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, de Policía Local y de las distintas empresas públicas de la provincia- y un gabinete de información. La intervención se llevará a cabo por distritos, de forma que sea específica y acorde al impacto del terremoto, si bien las acciones a ejecutar serán monitorizadas por el Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL), que se situará en el Parque Norte de Bomberos.

Cada distrito dispondrá de un Puesto de Mando Avanzado (PMAD), «órganos de decisión sobre el terreno en las proximidades del incidente», como puntualiza el citado documento, ante la previsible amplitud geográfica del ámbito de impacto del seísmo. Este se encargará de dirigir y ordenar las intervenciones de los Grupos Operativos, subdivisiones menores que actuarán en las zonas afectadas. Cada PMAD se ubicará en el centro cívico del distrito que le compete, siempre que este no quede afectado por el temblor. En una escala menor, además de los mencionados Grupos Operativos, se formarán Grupos Técnicos, de Intervención, Sanitarios, de Seguridad y de Apoyo Logístico y de Acción Social.

La puesta en marcha del Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo Sísmico abarca tres fases y varias situaciones posibles. El primer paso, considerado «preemergencia», consiste en una «intensificación del seguimiento y la información» a la ciudadanía sobre temblores, que se activa cuando se produce una serie de seísmos que no ocasionan daños materiales ni personales. Una etapa que, per se, constituye la denominada «situación 0».

Le sigue la denominada «fase de emergencia», que comienza cuando un terremoto produce daños materiales, víctimas o ambos. Se extiende hasta que son llevadas a cabo «todas las medidas necesarias para el socorro y la protección de personas», tras lo que se han de restablecer todos los servicios básicos en las zonas afectadas. En este punto, se contemplan tres situaciones: una primera en la que los daños ocasionados por el terremoto se pueden solventar con medios y recursos locales; una segunda, que puede darse a nivel provincial o regional, en el que los daños ocasionados, las víctimas registradas o la amplitud geográfica del impacto supera los recursos locales; y una tercera, la más grave, que considera un seísmo que incide en varias Comunidades Autónomas o Estados.

La tercera y última fase que distingue la estrategia es la de «normalización», que sucede a la emergencia y se prolonga «hasta el restablecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para el retorno a la normalidad en las zonas afectadas por el terremoto», según subraya el documento municipal. Comprende las tareas de rehabilitación que se llevan a cabo desde que el temblor se considera controlado.

Durante todo este proceso, los organismos designados para gestionar y actuar ante un sismo desarrollarán un paquete de medidas distinguidas en cuatro grupos. Los dos primeros conjuntos de actuaciones incluyen medidas de protección a la población y a los bienes. El tercer grupo, el de las medidas operativas, recoge todas las acciones ejercidas por cada PMAD en el terreno. Por último, la estrategia subraya las definidas como «medidas reparadoras o de rehabilitación».

Esta hoja de ruta queda recogida, a la par, en un Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía, que, de forma similar, se organiza para «hacer frente a las emergencias por terremotos que afecten» a la Comunidad Autónoma, «atendiendo a adecuar la coordinación de los medios y recursos intervinientes para mitigar los posibles daños a las personas, bienes y medio ambiente». Este, a efectos prácticos, dirige las emergencias que saltan del ámbito local al provincial mediante su delegación en el territorio y de forma directa cuando el impacto alcanza un grado regional. Es entonces el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) el que toma el mando de la situación y ordena las actuaciones en la autonomía.