El Juzgado procesa a ocho personas, entre ellos exediles del PP, por el 'caso Emucesa'

Se trata del exedil del PP Eduardo Moral y la hasta ahora concejal de este mismo partido María Francés, que no renovará en la nueva corporación surgida tras las elecciones del pasado domingo. El resto de los procesados son el gerente de Emucesa y los trabajadores que supuestamente se beneficiaron de estas 'contrataciones fantasma«.

Respecto a todos ellos el juez cree que «existen indicios suficientes» de la perpetración de uno o varios de los delitos que se investigan en la causa y los deja a un paso del juicio, según consta en un reciente auto, al que ha tenido acceso Europa Press.

El juez aprecia concretamente posibles delitos de prevaricación administrativa de carácter continuado; dejación intencionada de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables; malversación de caudales públicos y fraude de prestaciones de la Seguridad Social.

Da así traslado a las partes para que en el plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

El Juzgado ha dado este paso después de que la Audiencia de Granada rechazara a finales de marzo la petición de archivo que habían solicitado algunos de los investigados en esta causa, que gira en torno a una serie de supuestos 'contratos fantasma' cuyos beneficiarios no consta que asistieran a la empresa o realizaran trabajos para ella.

La Fiscalía abrió diligencias de investigación a raíz de una denuncia de Vamos Granada después de que informes técnicos concluyeran que, entre 2003 y 2012, cuando la empresa era cien por cien pública, se beneficiaron de estos contratos seis personas con un coste de mas de 300.000 euros y sólo consta que una de ellas asistiera a la empresa y realizara algunos trabajos.

Entre los investigados se encuentran las personas que presuntamente realizaron las contrataciones en sus respectivas etapas como consejeros delegados de Emucesa, Eduardo Moral y María Francés.

Ambos negaron en su día ante el juzgado irregularidades en las contrataciones, incidiendo en que los beneficiarios sí realizaron la labor para la que fueron empleadas y que nunca hubo «reparos» ni desde el Consejo de Administración, ni de la Gerencia ni en las auditorías externas que se realizaron en aquellos años.