Diez medidas económicas para frenar el éxodo rural en Granada

La propuesta de SSPA afecta directamente al bolsillos de los gobiernos central y autonómico, propone beneficios fiscales para las empresas y empresarios a la hora de pagar cinco impuestos: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el impuesto sobre el Patrimonio (IP), el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) y el Impuesto de Sociedades (IS). Son cinco medidas cuyo impacto, en opinión de los expertos de la red SSPA, «se cosecharía en los territorios afectados por dos vías: el gasto de los ahorros fiscales obtenidos por los hogares y las empresas residentes en los territorios y la necesidad de aumentar la producción y el empleo por parte de las empresas del territorio para abastecer esa mayor demanda de bienes y servicios». Este análisis es compartido por el presidente Asociación Lojeña de Comercio e Industria, Antonio Campos, que recuerda que las poblaciones pequeñas deben contar con bonificaciones en el impuesto de sociedades y en el IRPF «porque sus ciudadanos tienen menos posibilidades».

SSPA propone además una reasignación de los impuestos que pagan anualmente los ciudadanos para evitar la despoblación. De esta forma, se asignarían «por la vía del gasto en infraestructuras o dotaciones presupuestarias para la prestación de servicios públicos» fondos para las regiones en riesgo de despoblación para cambiar la tendencia de la balanza de la despoblación. Por un lado, se crearía una 'cuenta fiscal vecinal' para que, además de las inversiones y gastos públicos, se realicen proyectos adicionales por valor equivalente a los impuestos pagados por los agentes económicos de los municipios en cuestión.

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Además, SSPA plantea crear la 'casilla de la ultraperifería demográfica' en la declaración de la renta, similar a la casilla de la iglesia católica, que permitiría destinar un 0,7% de los impuestos a combatir la despoblación. Antonio Campos avala la medida de destinar el 0,7% a los municipios con poca población para «estabilizarla», aunque reconoce que tiene que ir dotado de una 'repoblación' de gente más joven con proyectos. El alcalde de Torvizcón y vocal andaluz en la comisión sobre despoblación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), José David Moreno, afirma convencido que no es «lo mismo vivir en un municipio pequeño que en una gran ciudad y eso se tiene que reflejar en beneficios fiscales de cuotas a la Seguridad Social y de IRPF de algún tipo».

En paralelo a estas propuestas de la red SSPA el gobierno central anunció el pasado viernes tras el Consejo de Ministros la creación de un observatorio de la digitalización, con el que se pretende abordar las medidas necesarias para frenar la 'brecha digital' de las zonas rurales. En sintonía con el Gobierno central está la Unión Europea, que en diferentes sesiones de trabajo sobre despoblación ha expresado la incongruencia de implantar el 5G en las capitales mientras que el 3G todavía no llega a algunos rincones de España y la provincia de Granada.

En Europa también se están negociando los presupuestos 2021-2027, en los que la despoblación será un elemento que determinará la redacción de las cuentas. El conocido como informe Novakov y Krehl se aprobó el 13 de febrero de 2019 por 460 votos a favor, 170 en contra y 47 abstenciones y condicionará el uso del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder); el Fondo Social Europeo Plus; el Fondo de Cohesión; el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca; el Fondo de Asilo y Migración; el Fondo de Seguridad Interior; y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados. La FEMP también ha elaborado un documento con más de ochenta medidas con las que se insta a los gobiernos central, autonómico y diputaciones provinciales a «trabajar contra la despoblación».

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La Diputación de Granada, que ha incluido la despoblación como un eje de gobierno durante este último mandato, puso en marcha esta misma semana el primer cajero en ayuntamientos que actualmente no tienen servicio financiero, gracias a un acuerdo cerrado con Caja Rural de Granada hace unos meses. La intención de la institución provincial es que en los próximos meses se sigan instalando en hasta 33 municipios. En paralelo, existe otro acuerdo cerrado con Bankia para que una oficina dentro de un autobús recorra parte de las localidades con menor población de la provincia y, en paralelo, forme en banca electrónica a los ciudadanos de estos pueblos sin sucursal bancaria. Sobre ello el alcalde de Torvizcón añade que un servicio bancario adecuado es necesario «si quieren que las empresas se instalen en los municipios rurales», por lo que «tenemos que luchar porque los bancos sigan en estas poblaciones».

La institución provincial ha desarrollado también a lo largo de este mandato un plan extraordinario de carreteras en zonas de riesgo de despoblación en las comarcas de Baza, Huéscar y Los Montes. En este sentido, los alcaldes de las localidades menos pobladas de la provincia han insistido constantemente en los encuentros con el presidente de la Diputación, José Entrena, que es «fundamental» tener una buena conexión hacia una autovía para 'reducir' la distancia entre la capital y los municipios en riesgo de despoblación para así fijar a los habitantes en estos municipios, que podrían ir y volver diariamente a la capital a diario.

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El vicepresidente de la CGE y presidente de los empresarios del Altiplano, José Antonio Lucha, considera que la «inversión en infraestructuras es lo más importante» porque «gran parte del dinero público» se queda en el área metropolitana y en la capital. «Por ejemplo, la línea de 400 kW ya está en proyecto, pero se necesitan más líneas pequeñas para conectarse porque en la zona de Baza, Huéscar y Caravaca cualquier empresa que quiera crecer tiene problemas. Por eso, están muy bien todas medidas, pero tienen que ir acompañadas de infraestructuras», añade Lucha.

La Diputación de Granada también ha concedido a los municipios durante el mandato 2015-2019 la 'capacidad' para contratar obras en sus municipios para así fomentar el trabajo en un entorno local, algo que está ayudando a fijar población fuera de las temporadas agrarias de cada localidad.

En paralelo, la institución provincial ofrece anticipos de recaudación a los municipios a los que les gestiona los impuestos, para que puedan disponer del dinero antes y, en definitiva, prioriza a las zonas en riesgo de despoblación en los repartos económicos e inversiones que se realizan.