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El denominado 'reto demográfico', ligado a la despoblación y/o el envejecimiento de las poblaciones rurales, se ha convertido en uno de los más importantes ... a los que se enfrenta la sociedad europea. Es un proceso que afecta, fundamentalmente, a la mayor parte de las zonas rurales y que se ha ido agravando en los últimos tiempos adquiriendo una situación crítica, aunque muy desigual, en sus diferentes territorios. En nuestro país se dibuja, con nitidez, un mapa de la despoblación que afecta, esencialmente, a los territorios profundos, aislados y distantes de los centros y ejes de actividad, ya sean montanos o no. Son espacios convertidos en eriales demográficos con población en regresión continua, envejecida, desvitalizada y desestructurada, tras el vaciamiento sufrido, al menos, en los últimos 70 años.
La importancia de las áreas rurales trasciende su significación en términos de superficie, población o capacidad de generar valor económico para anclarse en el mundo de lo simbólico a través del poderoso vínculo que representan estos lugares, entendidos como espacios sentidos, vividos por sus moradores, con la cultura e identidad de sus pueblos. En ellos se encuentra, esperando a ser conocido, protegido y gestionado, un vasto y rico patrimonio natural y cultural construido históricamente a través de la relación del hombre en sociedad con su entorno a través de actividades como la agricultura y la ganadería.
Más sobre la granada deshabitada
La magnitud de este proceso requiere de un pacto de Estado que afronte el reto que supone el vaciamiento, envejecimiento y masculinización de sus poblaciones a través de una apuesta inversora clara y contundente por parte de los poderes públicos, priorizada y territorializada en base a ámbitos supramunicipales, que permita a los moradores de estos territorios disfrutar de los mismos servicios que los habitantes urbanos en términos de accesibilidad.
Desde esta óptica las políticas públicas de carácter territorial juegan un papel determinante, especialmente si se realizan a partir de enfoques ascendentes y participativos desde el punto de vista ciudadano. Ello sin minusvalorar aquellas otras que, planificadas desde las instituciones centrales, tienen una trascendente incidencia territorial: política educativa, sanitaria, asistencial, comunicaciones o telecomunicaciones -internet de banda ancha-. La asistencia a los mayores, entendido como derecho ciudadano y un compromiso social que lo sitúe más allá de una responsabilidad intergeneracional de carácter familiar y de género, se convierte, además, en un nicho de trabajo en el contexto productivo de estos territorios.
Finalmente, sin discutir los avances por eliminar las desigualdades que en términos de edad y género existen en la sociedad europea, especialmente en lo referido a la educación o a la participación de jóvenes y mujeres en la gobernanza territorial, la discriminación en términos de género es la norma aún, tanto del conjunto de la sociedad como del mundo rural europeo. Se impone la necesidad de contemplar a los jóvenes y a las mujeres como activos estratégicos en programas y estrategias de desarrollo local y no solo como grupos objeto de consideración especial.
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