El nuevo curso judicial, marcado por el desenlace de los casos de corrupción

Algunas causas, como la del caso Serrallo, en el que está acusado el exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y otras 16 personas por la construcción de una discoteca donde debía ir un parque de atracciones infantil, encaran el nuevo año judicial preparadas para su enjuiciamiento. Otras, como el caso Marchelo, aguardan todavía que la fiscalía 'ponga nombre' a las presuntas irregularidades cometidas en cinco operaciones urbanísticas de hace más de una década en Alhendín, cuando era alcalde el popular José Guerrero. Y otras, como los casos Nazarí, Ágreda, Emucesa o TG7, están pendientes bien de un impulso final para pasar a la fase de preparación del juicio oral o ser archivadas, bien de que las partes califiquen los hechos o de que se abra juicio oral y las defensas emitan sus escritos antes de señalar el juicio.

El juicio se celebrará entre el 3 de febrero y el 3 de abril de año próximo en la Audiencia Provincial de Granada. A finales de junio, la jueza que ha instruido el caso, María Ángeles Jiménez, que es la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, acordó embargar numerosos bienes a los acusados para que hagan frente, en caso de condena, a la indemnización que pudiera fijarse. El embargo se produjo a raíz de imponerles una fianza solidaria y conjunta de dos millones de euros. Se sentarán en el banquillo 17 acusados, entre ellos el exalcalde Torres Hurtado. La fiscalía pide ocho años de prisión para el exregidor, así como 36 años y medio de inhabilitación y multas que suman 522.000 euros.

Se trata de un caso 'atascado' en los juzgados de Santa Fe. Está pendiente del escrito de conclusiones provisionales de la fiscalía sobre los hechos, que el juez instructor -el último, pues ha tenido varios desde que se iniciara en 2006- resumió en cinco capítulos presuntamente con alcance penal durante la etapa en la que fue regidor el popular José Guerrero: el proyecto de urbanización e instalaciones del Parque Municipal-Mercadillo Ambulante de Alhendín; las obras del Parque Empresarial Alhendín; la construcción del conjunto residencial Novosur y de una gasolinera. En septiembre del año pasado, tras aproximadamente doce años, el caso Marchelo pasaba a la fase de preparación de juicio oral. Lo último que trascendió de esta causa fue que el fiscal había pedido el escaneo digital completo de la causa y que el juez lo había acordado.

El caso Nazarí, en el que se ha investigado una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Granada siendo alcalde José Torres Hurtado se ha dividido recientemente en piezas separadas. Así lo acordó en junio la jueza instructora, María Ángeles Jiménez, que estableció que una de las piezas concentre las actuaciones bajo sospecha que afectan al empresario Roberto García Arrabal y sus empresas, uno de los tres promotores encausados por, supuestamente, haber recibido trato de favor durante los años de gobierno del PP. Las otras piezas separarán el resto de expedientes correspondientes a supuestas irregularidades relacionadas con otras operaciones urbanísticas de la última década, como el desvío del barranco de San Jerónimo y la construcción del Residencial Ciudad de la Luz, las obras en las oficinas de un registrador de la propiedad en la calle Tórtola de la capital, o el Convenio Urbanístico 'T1', entre otras.

En una de las últimas providencias que han trascendido del caso, fechada el 19 de julio, la instructora acordaba precisamente incoar la pieza separada para investigación de los hechos relativos al expediente Obispo Hurtado, relativo al bloque de viviendas en el que tienen pisos Torres Hurtado y la que fuera su edil de Urbanismo, Isabel Nieto. Según las fuentes jurídicas consultadas, cada pieza, en teoría, daría lugar a un juicio distinto.

El caso Nazarí recibe su nombre de la operación policial desarrollada el 13 de abril de 2016 y que provocó la llegada del exregidor socialista Francisco Cuenca al sillón de la alcaldía granadina. Los otros dos empresarios inmersos en la causa son Enrique Legerén y José Julián Romero. Entre la decena ilícitos apreciados -de momento de forma indiciaria- en este asunto, en cuya investigación han jugado un papel crucial los agentes de la UDEF y del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada están cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad, fraude en la contratación y prevaricación.

Casa Ágreda es un palacete del siglo XVI, de titularidad municipal, que se encuentra en la cuesta de Santa Inés, en el barrio del Albaicín. Su cesión onerosa en la época de Torres Hurtado a una oenegé, AIDE Federation, con sede en París y fines sociales, acabó en los tribunales. Ha habido un proceso civil en el que un juez ha devuelto el inmueble a la ciudad, aunque la sentencia está recurrida. En la vía penal, la causa también ha salpicado a Torres Hurtado y a la excúpula de Urbanismo. Se encuentra aún en fase de instrucción, aunque ya está prácticamente agotada y antes del verano sólo se hallaba pendiente de la pericial que se había encargado por el juzgado a la empresa Taxo Valoraciones.

Lo último que ha trascendido es que a mediados de junio una de las acusaciones, la que ejerce el empresario Ramón Arenas, había solicitado nuevas diligencias. Entre ellas pedía que citase a declarar como investigados a los miembros de las juntas de gobierno local de dos sesiones de 2014 y 2015 por entender que habían amparado la cesión del inmueble finalmente frustrada. Además se pedía que fuese un equipo especializado en valoraciones histórico artísticas el que realizase la tasación. Una de las partes más activas en el proceso ha sido Vamos, Granada a través de la ya exconcejala Marta Gutiérrez, que también ha venido abogando por que sean expertos en patrimonio quienes hagan la tasación y que pidió en mayo la nulidad del encargo a Taxo Valoraciones por la falta de notificación de su designación.

El caso Emucesa, en el que se han investigado supuestas contrataciones fantasma en el Cementerio de San José de la capital, se encuentra cada vez más cerca de su enjuiciamiento. Está pendiente de que se decrete la apertura de juicio oral, después de haber dado traslado a las acusaciones para que califiquen los hechos. La fiscalía pide para los exconcejales del Ayuntamiento de Granada acusados penas de seis años de prisión para Eduardo Moral y cinco años para María Francés por realizar, presuntamente, esos contratos irregulares cuando fueron consejeros delegados de la empresa que gestiona el camposanto, Emucesa, en los períodos 2003-2011 y 2011-2016 respectivamente. Una vez se dicte el auto de apertura de juicio oral y emitan sus escritos las defensas, se podrá poner fecha a la vista.

El caso TG7, en el que se investiga si hubo irregularidades relacionadas con la facturación de la televisión municipal durante los últimos años de gestión del gobierno del PP, se tramita en el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada. Aún sigue en fase de instrucción, aunque esta está ya muy avanzada. Entre las últimas diligencias practicadas está la declaración del empresario Raúl Berdonés, fundador del grupo de comunicación Secuoya, que compareció el pasado mes de abril en calidad de investigado por un presunto trato de favor a la mercantil que tenía el contrato de grabación de programas. Los otros investigados son Juan Antonio Fuentes, concejal del PP responsable de la televisión pública con el gobierno de Torres Hurtado y la exdirectora de la televisión. Una vez se de por finalizada la instrucción, el juzgado decidirá si pasa el asunto a la fase de preparación de juicio oral o acuerda el archivo. Según fuentes del caso, el pasado 18 de julio el perito judicial designado -de la empresa Taxo- para analizar las cuentas de la televisión ente 2012 y 2015, presentó un escrito comunicando que le faltaba documentación para poder realizar la pericia. Ante ello, el juzgado emitió una providencia el 23 de julio en la que ha planteado la posibilidad de dar por válida otra pericial, elaborada por otra empresa por encargo del Grupo Secuoya (CBM), a lo que se ha opuesto 'Vamos, Granada'. El análisis que se propone para dar por cumplimentada la prueba y no alargar así más la causa es un Informe Pericial Económico Forense llevado a cabo por la división forense de la empresa Auditora de reconocido prestigio PWC.

Hay dos asuntos judicializados de la Alhambra que aún siguen 'vivos' en la vía penal. Uno de ellos, bautizado como 'caso Alhambra', es el fraude en el control de accesos y venta de entradas entre los años 2002 y 2005 al recinto nazarí que instruyó el juez Miguel Ángel del Arco, ya jubilado, durante una década y que acabó con una sentencia condenatoria para un guía y otros nueve acusados. Aquel fallo fue recurrido ante el Tribunal Supremo (TS), del que las partes aún aguardan noticias. Puede dictarse un auto de admisión o de inadmisión.

El otro asunto es el denominado 'caso audioguías', cuya instrucción se cerró antes del verano y está en la fase de preparación del juicio oral, en la que las partes dicen los posibles delitos por los que acusan y las penas que piden, si bien, según las fuentes del caso consultadas esta semana, «aún no ha calificado nadie». De la investigación se hizo cargo el juez Antonio Moreno, titular de Instrucción 4, que dejó a un paso del banquillo a la que fuera directora del Patronato, Mar Villafranca; la exsecretaria general, Victoria Chamorro; y el administrador único y representante legal de la adjudicataria. Las fuentes indicaron que está pendiente de resolverse el recurso de la Junta -personada como acusación- para que el exjefe de Comerialización, José María Visedo, siga en la causa.

Hay casos, como el Cetursa, que están muy en sus albores y que, el próximo curso, darán lugar previsiblemente a la práctica de diligencias. A principios de verano, en junio, la fiscalía formuló una denuncia, por posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público, contra la ex consejera delegada de Cetursa, la empresa pública andaluza que gestiona las instalaciones de la estación de esquí de Sierra Nevada, María José López, y el que fuera su director de Organización y Finanzas entre 2010 y 2017. Los hechos de los que se derivarían esos posibles ilícitos serían básicamente cobros «indebidos» en sus nóminas. No ha trascendido en qué juzgado de Instrucción de Granada ha aterrizado finalmente la denuncia, aunque en un primer momento se envió a Instrucción 6.